La nueva Ley del Consejo Social garantiza, entre otras cuestiones, la presencia de personas propuestas por los diferentes sectores representativos de la vida económica, social y cultural del entorno, conocedoras de la actividad y dinámica universitarias, así como la ausencia de conflicto de intereses con la universidad.
Toledo, 16 de enero de 2025.- Castilla-La Mancha ha sido la primera Comunidad Autónoma en modificar la Ley del Consejo Social de la Universidad para adaptarla a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, cambio que se ha producido hoy en el pleno de las Cortes regionales.
La nueva Ley del Consejo Social garantiza, entre otras cuestiones, la presencia de personas propuestas por los diferentes sectores representativos de la vida económica, social y cultural del entorno, conocedoras de la actividad y dinámica universitarias, así como la ausencia de conflicto de intereses con la universidad, tal y como ha explicado durante su intervención el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.
Amador Pastor ha explicado que entre las novedades que incluye está el aumento en dos personas de los miembros del Consejo; nuevos perfiles en los nombramientos o la participación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
En el trascurso de sus palabras, el consejero del área ha subrayado que “con la aprobación de esta Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, consolidamos un modelo que refuerza la conexión entre el conocimiento académico y los sectores sociales, culturales y económicos de nuestra región”.
“Confiamos en que esta ley fortalezca nuestra universidad como catalizador de ese progreso, impulsando la investigación, la transferencia de conocimiento y la igualdad de oportunidades para todas las personas de Castilla-La Mancha”, ha añadido Amador Pastor.
“Con la apuesta que ha realizado el Gobierno de García-Page por la universidad se ha garantizado un año más la congelación de los precios públicos, las becas de colaboración, las ayudas para estudiantes en situaciones desfavorecidas o la mejora de las condiciones laborales del profesorado”, ha insistido.
